El financiamiento y la transformación energética
en el hogar y la empresa: RETOS Y OPORTUNIDADES
Por: Lcdo. Graham A. Castillo Pagán
El asunto de la energía en Puerto Rico está presente en todas las discusiones sobre la situación económica local. La Isla, con una tarifa promedio de 23 ¢/Kv en el 2011, fue la segunda jurisdicción con las tarifas de energía eléctrica más altas en los Estados Unidos (EE.UU.), luego de Hawai. Además, durante la década del 2000 la tarifa se duplicó, excediendo por 60 puntos porcentuales el cambio promedio en EE.UU. Esta situación representa una de las principales limitaciones a nuestro desarrollo económico. Para poner el problema en perspectiva, merece mencionarse lo siguiente: en la Isla la demanda por la energía eléctrica excede los $4,406 millones, o el equivalente al 8.0% del Producto Nacional Bruto (PNB); cerca de $2,300 millones de dólares se escapan anualmente de la Isla para la compra de petróleo, y el cliente residencial gastó $1,579 millones y el comercial $2,107 millones en electricidad. Por otro lado, la pequeña y mediana empresa y los hogares de ingresos bajos y moderados son los más perjudicados por la volatilidad de los costos de electricidad, lo cual se traduce en pérdida de empleos, incremento en la morosidad financiera y fuertes presiones inflacionarias, además de sus implicaciones sociales y ambientales.
La prioridad es diversificar las fuentes de energía
Para atender el reto de los altos costos de producción de energía eléctrica y la correlación local a la volatilidad de los precios del petróleo, las iniciativas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se han enfocado en el ahorro energético y en la diversificación de las fuentes energéticas. La política pública fue esbozada inicialmente en el año 1993 por el Comité de Cogeneración y Generación de Energía en su documento titulado “Política Pública Energética de Puerto Rico” con el fin de promover un futuro energético más eficiente, menos vulnerable, más económico y ambientalmente sostenible. (Véase Orden Ejecutiva OE-1993- 57 del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 28 de diciembre de 1993).
La planta de carbón AES en Guayama y la planta de gas natural Ecoeléctrica en Peñuelas surgieron como soluciones al problema. Estas iniciativas lograron reducir la dependencia en el petróleo de 99% en el 2000 a 65% en el 2012. Al presente, el carbón provee el 16%, el gas natural el 18% y las energías renovables el 1% de las fuentes de energía eléctrica en Puerto Rico. Debido a este cambio, nos evitamos mayores aumentos en los costos de electricidad, porque el costo de compra de energía aumentó 46.6% del 2005 al 2011, o 30 puntos porcentuales menos que los incrementos en la compra de energía durante el mismo periodo.
No obstante, aún con estos adelantos, el precio de la electricidad es muy sensitivo a los aumentos en el costo del combustible (en nuestro caso, el petróleo) porque representan el 48% del costo de producción de electricidad de la AEE. Esto implica que por cada aumento de 1 centavo por kilovatio (1¢/Kv) en el costo de combustible, la tarifa de electricidad aumenta cerca de ½ ¢/Kv, si no hay cambios en otros componentes del costo. Es por esto que del 2005 al 2011 la compra de combustible representó el 66% del aumento en los costos de producción de energía eléctrica en la Isla. Esta situación fue similar a la de Hawai en donde, con 43.7% en gastos por compra de petróleo, el aumento en el costo del combustible produjo un aumento del 53% en los costos de producción durante el mismo periodo. En Hawai, la tarifa promedio alcanzó 31.12 ¢/Kwh, 10 centavos más que la nuestra. (Ver gráficas a continación)
Para seguir reduciendo la dependencia del petróleo, el Gobierno de Puerto Rico implementó la Reforma Energética, cuyo eje principal es la diversificación de las fuentes de energía mediante la utilización de gas natural y energía renovable (Véase Ley Núm. 82 de 19 de julio de 2010). Conforme con la política pública, la AEE tiene como meta reducir la dependencia del petróleo a un 10% para el 2016. El gas natural aportaría el 58% mediante la conversión de las principales centrales de Puerto Rico, y la energía renovable y el carbón el 16% cada uno.
Al presente, la conversión del sistema a gas natural ha sido encaminada por la AEE (Costa Azul comenzó a quemar gas natural, aunque limitadamente, y otras conversiones están en proceso). Además, la AEE ha firmado 34 contratos de energía renovable con una capacidad de cerca de 1,000 MW, que incluyen molinos de viento, desperdicios sólidos, energía solar y gases de vertedero.
Según la AEE, estas iniciativas redundarán en reducir los costos de energía en Puerto Rico, las emisiones de CO2 (emisiones de carbono) y la dependencia del petróleo. No obstante, aun cuando existe un consenso sobre la utilización de gas natural como fuente principal de energía eléctrica, hay divergencias de opinión en cuanto a los ahorros que este cambio significaría, principalmente por los costos asociados a la conversión del sistema, la infraestructura de soporte y la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Sin embargo, basándose en lo expuesto en la DIA del Gasoducto, se menciona un ahorro de un 20% sobre el ajuste por combustible, que implica un ahorro de 3 a 4 ¢/ Kv basado en las tarifas de 2012. Es decir, todavía es altamente probable que habrá un costo de electricidad de más de 23 ¢/Kv y Puerto Rico continuará entre las jurisdicciones con los costos de energía eléctrica más altos en los Estados Unidos. Ante esta situación, es importante enfatizar que los programas que incentivan la eficiencia energética en el hogar y la empresa merecen mayor atención.
¿Qué se ha hecho para incentivar la eficiencia energética en el hogar y la empresa?
En Puerto Rico se han llevado a cabo diversas iniciativas asociadas a la conservación de energía. Entre las principales y más antiguas se encuentran aquellas relacionadas a las campañas educativas sobre ahorro energético de la AEE. Actualmente, estas campañas presentan consejos de cómo ahorrar energía en el hogar, incluyendo el uso de equipos eficientes (EnergyStar) y luces fluorescentes, entre otras recomendaciones. (Véase http://www.puertoricoverde.net/)
No obstante, la principal barrera para fomentar la compra de este tipo de producto e implementar proyectos que promuevan el ahorro energético y mejoren la eficiencia de sistemas en el hogar y la empresa es el costo inicial de implantarlos y la poca disponibilidad de programas de financiamiento, particularmente para personas de bajos y moderados ingresos y la pequeña empresa. También existe mucho desconocimiento y desconfianza con la costoefectividad de estas tecnologías.
Por mucho tiempo, el único incentivo disponible en Puerto Rico fue el mecanismo de deducción contributiva limitado a los calentadores solares. El 30% de los gastos incurridos en la compra e instalación de estos calentadores en la residencia principal del contribuyente se pueden deducir hasta un máximo de $500. Esta política propició un fuerte crecimiento de esta industria en la Isla.
Por otro lado, el Gobierno ha desarrollado diversos programas en apoyo a su Reforma Energética, tales como el Fondo de Energía Verde (Ley Núm. 83 de 2010) y el Programa de Energía del Estado (State Energy Program, SEP), el programa de Asistencia de Climatización (Weatherization Assitance Program, WAP), entre otros.
El Fondo de Energía Verde (Puerto Rico Green Energy Fund, http:// www.prgef.com) creado mediante la Ley Núm. 83 del 2010, destinó $290 millones para incentivar proyectos de energía renovable para la empresa y los individuos, de los cuales $8.7 millones fueron distribuidos en las primeras dos rondas de 2012 y $4 millones adicionales fueron asignados a la ronda del primero de agosto. Éste es un esquema en el que el gobierno subsidia la inversión del proyecto mediante competencia “first come, first served”, dependiendo de su magnitud (40% en proyectos de hasta 100Kv y hasta 50% de 100kv a 1 megavatio).
El SEP, inicialmente subvencionado con Fondos ARRA, incorporó una decena de subprogramas que fomentaron la conservación y la eficiencia energética. A través del SEP se invirtieron cerca de $37.8 millones en fondos federales y aproximadamente $28 millones de fondos privados para lograr en los principales programas ahorros energéticos estimados en $10.4 millones anualmente, con un repago (“payback”) promedio de 5.33 años. Estos proyectos beneficiaron 113 comercios, 23 entidades gubernamentales y dos industriales, en los cuales se instalaron equipos de energía eficiente como lámparas, bombillas, paneles fotovoltaicos, calentadores solares, sistemas de enfriamiento, entre otros. También promovió el desarrollo de un código energético residencial y se actualizó el código comercial, que incluye disposiciones asociadas a la energía renovable y el ofrecimientos de adiestramientos gratuitos sobre los estándares de ASHRAE. (Véase la próxima tabla, que muestra una selección de los principales programas bajo el SEP).
El WAP, que destinó $65.2 millones de fondos ARRA, también promovió la inversión en mejoras de la eficiencia energética, en energías renovables y en la reconversión de sistemas en hogares de personas de ingresos bajos, moderados y medios. Se instalaron 12,122 neveras, 5,642 aires acondicionados, 11,156 calentadores solares y 150,000 luminarias en 15,000 hogares. El ahorro estimado es de $4.6 millones anuales, una reducción de 9.5 millones de toneladas métricas de CO2 (emisiones de carbono). Finalmente, el State Energy Efficent Appliance Rebate Program (SEEARP), también subvencionado con fondos ARRA, fomentó la compra entre hogares de bajos ingresos de 18,000 equipos Energy Star con vales de $200.
La necesidad de ampliar las opciones de financiamiento para el sector residencial y comercial
Como se observa, estas iniciativas han dependido en gran medida de fondos federales, los cuales se han reducido sustancialmente en el año fiscal 2013, para el cual la Administración Obama solicitó $135.7 millones para el programa de Climatización (Weatherization Assistance Grants), $74.3 millones menos que en el 2010, y $49.0 millones para el SEP, reduciendo su presupuesto en un millón. Tampoco habrá fondos adicionales para los programas “Energy Efficiency and Conservation Block Grant” (EECBG) y “Energy Efficient Appliance Rebate”, que fueron parte del SEP a nivel local con asignaciones de fondos ARRA. Esto, añadido a la crisis fiscal de EE.UU., es un indicio de que la asignación de fondos para financiar este tipo de iniciativa se torna cada vez más incierta.
Un ejemplo de la poca disponibilidad de fondos en comparación con el interés por estos programas es la experiencia con el Green Energy Fund. Al igual que en rondas anteriores, los $4.0 millones de fondos asignados para la ronda del 1ro de agosto de este año se agotaron en aproximadamente 15 minutos desde la apertura de la competencia, aún cuando acceder a estos fondos requiere la asesoría de un experto y el compromiso de invertir el 60% del costo del proyecto. Esta demanda responde a que somos 1,341,291 clientes residenciales y 129,537 comerciales que destinamos $3,700 millones de sus recursos al pago de la energía eléctrica.
El Estado no tiene el capital para subsidiar la creciente demanda por iniciativas y proyectos verdes en el hogar y la empresa. Ante la situación fiscal de Puerto Rico y Estados Unidos y la creciente necesidad de estos programas, es imprescindible adoptar medidas complementarias a los subsidios. Algunos ejemplos adoptados en otros estados que merecen evaluarse incluyen:
-
La promoción de las compañías de servicios de energía, conocidas como las ESCOs, que se han aventurado en el mercado de financiamiento;
-
Legislación para el desarrollo de un mercado de bonos PACE (Property Assessed Clean Energy) para el financiamiento de proyectos en propiedades comerciales e institucionales. Este es un tipo de financiamiento cuya estructura de repago es a través de los impuestos de la propiedad y la garantía es la propiedad;
-
La promoción de compañías que utilizan los contratos de rendimiento energético (Energy Service Performance Contracting, ESPC), que son un compromiso contractual que garantiza por el período de duración del contrato que se obtuvo la eficiencia acordada como resultado de la utilización de un servicio de eficiencia energética.
-
La promoción de un mercado de capital verde con apoyo de empresas especializadas en el financiamiento de proyectos verdes a nivel comercial y residencial;
-
La promoción de hipotecas verdes (Energy Efficiency Mortgages, EEMs) a través de las autoridades de financiamiento de vivienda y la banca privada;
-
Los Fondos de Beneficio Público (Public Benefits Fund, PBF), que son fondos que se nutren de un recargo sobre la tarifa de energía eléctrica; y
-
La ampliación de programas que proveen créditos e incentivos contributivos a tecnologías costo-efectivas y ambientalmente sostenibles.
Dada la complejidad y las implicaciones fiscales, económicas y sociales de estas iniciativas, el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, en coordinación con la AEE, la AFV, el BGF, PRIDCO, el Departamento de Hacienda, y otras agencias locales y federales, deben liderar el desarrollo de un plan estratégico y de acción con alta participación ciudadana para atender directamente las necesidades del sector residencial y comercial desde la perspectiva de la eficiencia en el uso de energía eléctrica. Este complemento a las iniciativas que se llevan a cabo por el lado de la producción es un área de oportunidad para apoyar la pequeña y mediana empresa, impulsar los empleos verdes, reducir las emisiones de CO2 y reducir el costo de vida en Puerto Rico. Se trata de una medida urgente para continuar promoviendo el desarrollo económico y social de Puerto Rico a través de la transformación energética en el hogar y la empresa.