La Autoridad de Energía Eléctrica tiene que cambiar. Nadie en su sano juicio puede cuestionar eso. La transformación no puede ser cosmética, no puede limitarse a reorganizar lo mismo que tenemos. La crisis actual requiere un cambio de paradigma. Para eso hay que tener clara la visión del sistema eléctrico al que aspiramos.

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El sistema eléctrico que visionamos debe movernos a la autosuficiencia energética. Debe estar basado en los recursos que tenemos. Hay que maximizar el uso de energías renovables, pero, antes que eso, hay que reducir dramáticamente el uso de energía en Puerto Rico. Somos uno de los países que más energía desperdicia en el planeta. Las energías renovables deben constituir un sistema distribuido en el que generemos la mayoría de la electricidad desde el techo de nuestras casas. Todos y todas seremos dueños del sistema eléctrico. Con todo y eso, todavía habrá que mantener durante un tiempo una cantidad considerable de energía que pueda ser producida a voluntad, que nos permita regular el voltaje y la frecuencia y así estabilizar un sistema con mucha energía renovable intermitente. Esta electricidad “despachable” cuando haga falta, con toda probabilidad, será producida con gas natural.

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Los mecanismos que usemos deben estabilizar las tarifas mientras nos permitan reducir el consumo. Tienen que aumentar la confiabilidad del sistema mientras incorporamos de manera segura, pero continua, energía de fuentes renovables intermitentes, como es el caso de la fotovoltaica y eólica. Sobre todo, tienen que garantizar que los ciudadanos y ciudadanas recuperemos el control de nuestra energía.

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Durante toda la discusión de la mal llamada reforma, algunos sectores han insistido en la creación de un mercado abierto a la competencia para resolver el problema de la AEE. Nos aseguran que la privatización producirá un mejor sistema. Con la privatización, dicen, podemos reducir el costo del kwh, aumentar la eficiencia, aumentar la confiabilidad del sistema e incrementar la integración de renovables. Si uno quisiera saber cuál ha sido la experiencia en donde esto se ha hecho, debería examinar lo que ha pasado en los Estados Unidos, donde se han dado procesos de desregulación en los que se abrieron los mercados a la “libre competencia”.

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El primero es el caso de California porque por allí empezó esta ola de desregulaciones. En 1996, California promulgó una ley de desregulación. No mucho tiempo después los precios comenzaron a aumentar. En el 2001, en medio de una crisis que incluyó apagones y aumentos dramáticos de las tarifas, Charles Feldman, periodista investigativo de CNN, escribía:

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“El veredicto está dado. El experimento en California con la desregulación de energía es, no solamente un mogollero, sino un fracaso innegable(1), de acuerdo con todo el mundo, desde el gobernador hasta los ejecutivos de las utilidades que inicialmente favorecieron el esquema”.

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Los efectos negativos de la “Reforma Energética” en California todavía continúan. En octubre del 2013, William Pentland, defensor de la desregulación, tenía que admitir en la revista Forbes: “El precio que los consumidores pagan por la electricidad ha aumentado”.

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En Texas, según un estudio de la Coalición para la Energía Asequible, las personas residentes tuvieron que pagar más de 10 billones de dólares adicionales por el aumento en las tarifas eléctricas a causa de la “apertura a la competencia”.

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No solamente tienen que pagar la energía más cara que lo que se mantuvieron fuera de la competencia, sino que se dispararon las quejas, se redujo la confiabilidad del sistema y se multiplicaron los apagones. La búsqueda de mayores ganancias ha eliminado los incentivos para la construcción de nueva infraestructura y hasta las energías renovables están en peligro(2).

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De acuerdo con la American Public Power Association, el costo por kwh es más alto en todos los estados que desregularon y se abrieron a la libre competencia(3). Prácticamente en todos los casos, las utilidades públicas pudieron servir electricidad a precios más bajos que las privadas.

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Estados Unidos no es el único país que ha tenido problemas con los intentos de reformar su sistema eléctrico usando la “libre competencia”. “En 2012, en España se produjo la reducción más drástica de inversiones en energías limpias de toda Europa. Esto se debe principalmente a la moratoria en las ayudas a nuevos proyectos de renovables que se aprobó en enero de 2012”. No solamente se eliminaron las subvenciones, sino que se impuso una tasa del 7% a la producción eléctrica. Esto junto con otras medidas “son un intento desesperado del Gobierno para resolver el problema del déficit de tarifa porque los ingresos no cubren los costes. Mientras este problema no se resuelva, las inversiones en renovables en España no se recuperarán”, según una analista de Bloomberg.

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¿Qué tiene que ver el desmadre en España con la privatización? Pues que, en gran medida, fue causado por la construcción indiscriminada de grandes parques privados, sobre todo eólicos, que aumentaron sustancialmente la capacidad instalada y que ocuparon todo el espacio de generación intermitente disponible. Como consecuencia de eso ahora está prácticamente prohibido que la ciudadanía pueda instalar paneles fotovoltaicos sobre sus techos para el autoconsumo. Algo parecido podría ocurrir en Puerto Rico si se construyeran los 64 proyectos que firmó la pasada administración.

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Los que favorecen la privatización alegan que provee la oportunidad de usar dinero privado para construir las instalaciones que necesitamos. Lo mismo podemos hacer con inversión pública si lo manejamos bien. Si Eco-eléctrica se hubiera construido con dinero público y se hubiera gasificado Costa Sur y Aguirre, solamente en el 2012 nos hubiéramos ahorrado más de 1,000 millones de dólares entre compra de energía y compra de combustible, más de lo que costó toda la planta.

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Sin lugar a dudas, si uno ve la energía como negocio para generar ganancias, privatizar es casi obligatorio. Pero la energía es más que eso. La vida de todos depende de ella, nuestro futuro depende de ella. Es un asunto demasiado importante para dejarlo a las fuerzas del mercado.

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No estoy diciendo que no hay un papel para el sector privado en el sistema eléctrico, eso es inevitable y puede ser bueno. Lo que no puede ocurrir es que esa participación impida que el ciudadano y la ciudadana común adquiera mayor control de su energía y con ello de su vida. La participación privada es un medio, no es el fin. Convertirlo en el fin es convertirla en religión y esa religión es responsable de la crisis planetaria que amenaza la vida misma de todos los seres humanos.

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*El autor es representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.