Hablaré de los créditos de carbono y de los certificados de energía renovable como instrumentos negociables de mitigación del cambio climático e intentaré disipar la confusión entre uno y otro. Aunque se usan intercambiablemente, son muy diferentes en su enfoque para lidiar con emisiones de gases de invernadero. Veremos cómo y para qué surgen y qué beneficio tienen en el contexto de sostenibilidad ambiental, social y financiera.

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La ciencia concuerda en que las emisiones antropogénicas causan el cambio climático. El consenso es que cualquier aumento de temperatura mayor de los 2°C (3.6°F) amenazaría la capacidad de los ecosistemas para suministrar los servicios para nuestra supervivencia. Para reducir emisiones, debemos contabilizarlas de manera científica. Las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial y la UNFCCC, establecieron en 400 partes por millón (ppm) la concentración máxima de dióxido de carbono (CO2) o su equivalente en la atmósfera. Más allá, caeríamos en un espiral difícil de reversar, provocando el derretimiento del permafrost en los polos y liberación de gas metano (21 veces más dañino que el CO2), acelerando el calentamiento global. Aumentaría el nivel del mar, con cambios en corrientes marinas y en el ciclo hidrológico. Esto tendría impacto en la biodiversidad al no dar espacio necesario a las especies para los procesos paulatinos de adaptación. Para contextualizar esta cifra, refirámonos al periodo preindustrial, cuando los niveles de CO2 fluctuaban de 180 a 300 ppm.

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El máximo de emisiones permitidas no debe sobrepasar las 44 GigaToneladas de emisiones de CO2 equivalente. Para mantenernos por debajo de ese límite, se estableció para el año 2020 una meta de reducción de emisiones de un 11% de los niveles registrados en el 2010. Cada nación firmante del acuerdo se comprometió a establecer regulación en sus jurisdicciones para controlar las principales fuentes de emisiones y cumplir los parámetros. Sin regulación, se calcula que las emisiones aumentarían hasta un 27% sobre los niveles del año 2010.

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Para controlar las emisiones en su origen, fue necesario establecer mecanismos para contabilizarlas y reducirlas. Básicamente, existen dos formas de lograrlo: o por mitigación o por desplazamiento. Mitigación implica enfocarse en reducirlas mediante metodologías de operación que o emitan menos o capturen los gases contaminantes. Estas metodologías se conocen como Mecanismo de Desarrollo Limpio o CDM. Desplazamiento significa incentivar energía de fuentes renovables en sustitución de combustible fósil.

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Bajo Kyoto se favorece la mitigación, mientras que Estados Unidos fomenta el desplazamiento. En ambos sistemas, la reglamentación local fijará los límites de emisión a las industrias y les permitirá un máximo que será reducido año por año. De lo contrario, pagarán multas que excederán significativamente lo que costaría invertir en mitigar o desplazar dichas emisiones. Así se incentiva una forma de operar menos contaminante.

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En el sistema de créditos de carbono, una vez contabilizadas esas reducciones, se les asigna un valor en el mercado, de tal manera que el costo de implementar las metodologías sea parcialmente cubierto por la reducción en emisiones. Reconociendo que hay una sola atmósfera, un proyecto para reducir las emisiones puede ser financiado por la compra del equivalente en emisiones reducidas, representadas por un instrumento de inversión en otra parte del mundo. Es decir, si un proyecto de reducción cuesta menos que las multas asociadas, la empresa elegirá llevar a cabo el proyecto de reducción de emisiones. En el caso de que fuese más viable que otra empresa lleve a cabo el proyecto en otra jurisdicción, porque le cueste menos, se permitirá comprar el equivalente en reducción necesario para cumplir con la reglamentación a través de certificados de emisiones reducidas en proyectos de otros países adscritos al sistema. Esto se conoce como créditos de carbono en implementación conjunta.

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Estados Unidos, aunque firmó el tratado de Kyoto, nunca lo radicó al Congreso para su ratificación, por lo cual no está adscrito al sistema de créditos de carbono. En su lugar, estableció un sistema de desplazamiento de combustible fósil, basado en créditos para incentivar la producción de energía renovable. Estos certificados o RECs también tienen un valor monetario que se considera para estructurar el financiamiento de proyectos. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) fiscaliza los niveles de emisiones industriales. A base de los inventarios anuales, la EPA establece las metas de reducción. Los RECs, principalmente adquiridos por las compañías eléctricas de los productores de energía renovable, sirven como evidencia de la contabilización de ese desplazamiento y, por consiguiente, de la reducción de la quema de combustible fósil. De acuerdo con la reglamentación vigente, cualquier fuente de emisión que alcance o sobrepase las 25,000 toneladas métricas anuales en emisiones de CO2 e, está sujeta a cumplimiento. Puerto Rico se afilió a este sistema mediante la aprobación de la Ley 82 y la 83.

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Los dos mercados más importantes para transacciones de créditos de carbono son la Unión Europea y China. El mercado más importante de RECs es Estados Unidos. Sin embargo, existen experimentos de adopción de ambos sistemas en un mercado u otro. California recientemente llegó a un acuerdo con Quebec para intercambio voluntario de certificados de reducción de emisiones. El reto mayor consiste en mantener el control de estos instrumentos a través de sistemas de registro que validen y auditen los contratos de compraventa y que garanticen que hay un rastreo adecuado de las transacciones, de manera que no se cuenten más de una vez los beneficios ambientales de un mismo proyecto. Esto mantiene la confianza en el mercado de inversiones.

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Los mercados de créditos de carbono han visto reducido su valor en un 38% (a $52 billones al cierre del 2013, aunque según el Banco Mundial el valor real ronda los $30 billones), debido al exceso de oferta sobre demanda. A consecuencia, dos de las principales compañías de certificación de estos instrumentos se retiraron de este mercado. Ante este cuadro, la Unión Europea votó en enero de 2014 a favor de una medida para remover 900 millones en permisos de emisiones (casi 50%) en un periodo de tres años, para controlar el excedente que ha mantenido los precios en los niveles más bajos desde el inicio del sistema. Sin embargo, se proyecta un aumento en la tasa de intercambio en el 2015. Una vez estabilizado el mercado, se prevé que los precios comiencen a aumentar, de manera que viabilicen los proyectos de mitigación y desplazamiento mediante un mercado más robusto.