En mayo de 1992 se creó la Convención Marco de Cambio Climático (CMCC) en la denominada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Entró en vigencia en marzo de 1994 con el propósito de reforzar la conciencia pública a escala mundial sobre los problemas relativos al cambio climático. El objetivo principal de la cumbre fue establecer un control de la emisión de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. A partir de entonces, en 1995, se celebra en Berlín, Alemania, la primera Conferencia de las Partes, mejor conocida como COP1, la cual produjo el Mandato de Berlín, una especie de hoja de ruta con un listado de compromisos bastante indefinidos que permitía a los países escoger las iniciativas ajustadas a sus necesidades particulares. La COP2, de Ginebra, en 1996, no tuvo mucha relevancia. La COP3 se reunió en Kioto, Japón, en 1997. En ella, tras intensas negociaciones y compromisos definidos, se llegó al llamado Protocolo de Kioto que, hasta ahora, junto al Protocolo de Montreal (1987, protección de la capa de ozono), se considera como uno de los acuerdos más importantes y esperanzadores para regular las actividades relacionadas con la emisión de GEI. En Kioto se esta-blecieron objetivos vinculantes para limitar las emisiones de GEI para 37 países industrializados, pero dos de los más grandes emisores, Estados Unidos y China, no ratificaron el documento. Se determinó que el Protocolo de Kioto entraría en vigencia once años después, en 2008, y su fecha de vencimiento venía premarcada de fábrica para 2012, disponiendo que los países desarrollados redujesen en esos cinco años sus emisiones de GEI en un 5% respecto al nivel de 1990. El protocolo de Kioto logró establecer unos límites importantes en la emisión de CFC para evitar la total destrucción de la capa de ozono, los cuales en gran media se han cumplido.

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Durante este mes de noviembre de 2019 se llevará a cabo la COP25, que debió celebrarse en Chile, pero por razones de inestabilidad política se ha trasladado a Madrid, España. La situación actual del clima es totalmente diferente a 1992 cuando se celebró la primera reunión en Río de Janeiro. Hoy el mundo ya es 1.1°C más cálido que al inicio de la revolución industrial. Si la actual tendencia persiste, la proyección de la comunidad científica es que las temperaturas globales aumentarán entre 3.4 y 4°C en lo que queda del presente siglo, lo que traería impactos climáticos destructivos y de alcances impredecibles aún, ya que las concentraciones de GEI subieron en 2019 registrándose niveles de dióxido de carbono que alcanzaron las 417 partes por millón, un nuevo récord en la historia humana.

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En esta COP25, los estados miembros deben cumplir con lo pactado en el Acuerdo de París COP24, sentando unas bases claras de qué y cómo harán para cumplir sus compromisos de que no supere por más de 1.5 ºC el aumento de las temperaturas globales, así como de alcanzar un balance neto cero de las emisiones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo. Cada uno de los países debe terminar esta cumbre mostrando un claro compromiso de que aumentará su ambición climática, pues con los compromisos actuales la temperatura podría incrementar más de 3ºC al final del siglo. Los países deben asumir su responsabilidad en temas tales como la aceleración de la transición energética hacia un modelo renovable, además de conservar y restaurar ecosistemas indispensables como, por ejemplo, la selva amazónica. Lamentablemente, China, India y Estados Unidos, por interés puramente económico, les han dado la espalda a estos acuerdos.

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Los países menos desarrollados y los estados insulares, que son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, deben presionar a las naciones industrializadas no solo a que tomen acciones, sino a que apoyen con recursos, pues son ellas las que más GEI emiten a la atmósfera. Muchas de estas emisiones se generan en estos países y en otros casos estas emisiones son externalizadas a países menos desarrollados. Entre este último grupo de países es que Puerto Rico se encuentra, por lo que debemos desarrollar planes y estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático basadas en objetivos específicos. Debemos comenzar por establecer una definición clara y precisa de los ecosistemas marinos y costeros que permita identificar lugares importantes para la conservación de la biodiversidad, sus vulnerabilidades al cambio climático y su aporte en general para potenciar la resiliencia de actividades como el turismo y la pesca. Además, crear infraestructura sostenible de acuerdo con nuestracondición de isla con el fin de reducir las vulnerabilidades sociales y ambientales, generar beneficios sociales en el contexto de la adaptación y mitigación al cambio climático, restaurar, mantener o mejorar la salud de los ecosistemas, recibir el respaldo de políticas públicas del gobierno a múltiples niveles, apoyar la gobernanza equitativa y mejorar las capacidades.

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Para lograr los objetivos anteriores, en primer lugar, se debe educar a nuestra población sobre los peligros a que nos enfrentamos. Además, se debe fomentar la integración de infraestructura verde y mixta en el desarrollo urbano y rural, para hacer frente a amenazas tales como los cambios en el patrón de precipitaciones, el incremento en intensidad y frecuencia de sequías, el aumento en intensidad de las inundaciones, la erosión costera, las enfermedades producidas por vectores y las olas de calor. Igualmente, resultaría beneficioso incorporar paredes verdes y humedales urbanos, arborizar los sistemas urbanos para disminuir la temperatura en las ciudades y conservar los sistemas costeros -como estuarios y dunas-, de tal modo que sirvan tanto para ob-jetivos de conservación como de adaptación y resiliencia humana.

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Es importante señalar que nuestros ecosistemas de agua dulce, así como las cuencas, se verán severamente impactadas en un contexto de cambio climático, poniendo en riesgo nuestra seguridad hídrica y alimentaria. Para evitarlo, se debe incorporar un enfoque de adaptación basado en la naturaleza para la seguridad hídrica en las cuencas, sobre todo en sistemas productivos de alta demanda para el uso humano, la agricultura, la ganadería, el turismo y el uso industrial. De esa forma se asegura la disponibilidad de agua para la ciudadanía.

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Por todas estas razones, al igual que en 1992 con la Cumbre de Río, la Cámara y el Senado de PR aprobaron la Ley 33, del 22 de mayo 2019, que crea una Comisión de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. El 22 de noviembre de 2019, la Gobernadora de Puerto Rico nombró esta comisión, cuyo propósito principal es establecer las métricas concretas, unos objetivos particulares y unas guías para desarrollar un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que se elaborará siguiendo la recomendación de este grupo de personas expertas.

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Siendo así, la COP25 no debe pasar desapercibida para toda la región del Caribe, ya que estamos entre los países, estados insulares e islas más vulnerables a los efectos del cambio climático. Estamos al final de una década en la que hemos sido grandemente impactados por ciclones tropicales, sequías, incendios forestales, erosiones costeras e invasión de nuestra costa por sargazo, todo esto acompañado de un aumento en las temperaturas. La década que finaliza pasará a la historia climática como nuestra década más cálida desde que se tienen registros climáticos y todo esto impacta nuestra forma de vida y nuestra economía.