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El valor económico de la Infraestructura Verde

Por: José J. Villamil Estudios Técnicos, Inc.

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imagen de gruas y arboles simbolizando la integracion de economia con ambiente

La economía ambiental es un desarrollo relativamente reciente dentro de la disciplina de la Economía. Su evolución ha estado marcada por un particular interés en temas como la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de contabilidad social que incorporen el consumo de los recursos naturales y los costos de la contaminación. Otro factor ha sido el reconocimiento de que, en el nuevo orden económico global, la infraestructura verde es de igual importancia que las otras infraestructuras en cuanto a definir la capacidad de competir de los países. Tradicionalmente, ha sido la infraestructura física – carreteras, puertos, energía eléctrica, agua - la que ha recibido mayor atención.

Recientemente, y ante la reconceptualización del desarrollo, se ha hecho necesario que se consideren nuevas definiciones para medir el progreso económico(ver, por ejemplo, el Growth and Development Report, del Commission on Growth and Development del Banco Mundial y los trabajos de A. K. Sen). Igualmente, se ha hecho necesaria la redefinición del capital de una sociedad y el desarrollo de estimados del valor de los recursos naturales y del medio ambiente, como un componente importante de este capital. El tema de la infraestructura verde y la estimación de su valor ha surgido como consecuencia de esta nueva manera de conceptualizar el desarrollo y de la redefinición de lo que constituye el capital social de un país y su relación con el desarrollo económico.

Existen problemas de carácter conceptual y empírico que inciden sobre la medición del valor de la infraestructura verde, en particular, y del medio natural, en general.

Entre éstas, pueden mencionarse las siguientes:

  • La irreversibilidad del consumo de recursos naturales no renovables dificulta el poder calcular el costo de oportunidad de una decisión.
  • Los sistemas de medición que son utilizados por los y las economistas, típicamente, privilegian el ingreso que surge de una actividad por ser fácil de medir, mientras que calcular la pérdida de riqueza como consecuencia de esa decisión (por ejemplo, por el consumo de algún recurso no renovable) es mucho más difícil.
  • La capacidad de mitigación de determinadas acciones también es un factor que introduce un elemento de incertidumbre en el proceso ya que las medidas de mitigación no son exactamente comparables con el recurso afectado.
  • Hay una dimensión de justicia social que debe ser incorporada en los estimados debido a que los impactos positivos y negativos de una decisión raramente recaen sobre el mismo grupo. De ahí que se desarrollara el concepto de justicia ambiental.
  • El mercado no es un guía apropiado para el estimado del valor de recursos naturales o ambientales por varias razones, una de las cuales es la existencia de externalidades y el sesgo del mercado hacia el corto plazo. El mercado no es efectivo en situaciones en que el impacto no es tangible o en que ocurre a muy largo plazo.
  • Típicamente se utiliza la tasa descuento para calcular el valor presente del flujo de beneficios y costos de una decisión. Sin embargo, existe un sesgo en dicho enfoque hacia los impactos a más corto plazo. En situaciones en que los impactos ambientales se habrán de sentir a muy largo plazo, la utilización de este enfoque inevitablemente privilegia los impactos a corto plazo(por ejemplo, la creación de empleos) sobre los costos a largo plazo.

A través de los años,se han desarrollado distintos métodos para estimar el valor de los recursos naturales y ambientales. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes:

El método contingente de valoración. Fue desarrollado en los años sesenta como una metodología para poder valorar bienes que no se venden en el mercado. El método depende de consultas a personas consumidoras en que éstas expresan su disponibilidad para pagar (“willingness to pay”) o para aceptar compensación (“willingness to accept compensation”).

El método ha sido aceptado ampliamente y entidades como Resources for the Future lo utiliza frecuentemente. Armando González, un planificador puertorriqueño del U.S. Forestry Service, aplicó el método para calcular el valor para los puertorriqueños y puertorriqueñas de mantener el nivel actual del Río Mameyes, ante la posibilidad de que éste se redujera para satisfacer las necesidades de desarrollos en el Noreste. En su trabajo, encuestó a usuarios y usuarias del Río para propósitos recreativos y a la comunidad en general. En función de sus hallazgos, llegó a una cifra del valor que la comunidad le atribuye a mantener ese recurso.

El método ha sido criticado pues depende de valores estimados por personas que no necesariamente son expertas en el tema. Sin embargo, el enfoque no es distinto conceptualmente al que surge de la función de bienestar social utilizado en economía.

El método de costo de viaje. Es menos utilizado y mayormente se aplica cuando se trata de un lugar que se usa para propósitos recreativos como, por ejemplo, un lugar de pesca, caza o navegación. El criterio que define el valor es la inversión que las personas están dispuestas a hacer para utilizar el recurso. Se utiliza el gasto como un sustituto (“proxy”) del valor del recurso. Es, en cierto sentido, una manera indirecta de valoración. El problema con este enfoque de valoración es que no permite – contrario al método de contingencia – estimar un valor independiente del uso. Así, por ejemplo, un recurso que no se utiliza tendría un valor de cero. Por esa razón es que su utilidad se limita a la valoración de facilidades en uso.

El método hedónico. Es el tercer enfoque frecuentemente utilizado para valorar los recursos y el ambiente. Lo que pretende es interrelacionar el valor de un bien mercadeado (por ejemplo, una residencia) y condiciones ambientales. El valor de unidades residenciales cercanas a un vertedero podría ser menor que aquellas ubicadas a una distancia mayor con las mismas características debido, por ejemplo, a la contaminación del aire. En función de la diferencia en precio de las residencias se calcula entonces el valor de mantener el ambiente descontaminado.

Estudios Técnicos, Inc. calculó en $1,700 millones el costo recurrente del desparrame urbano. Este estimado sugiere que ése sería el valor de mantener la ciudad más compacta. La reducción en el desparrame se reflejaría en menor uso de autos, menos tiempo en los tapones, menos accidentes, menos costos de infraestructura, menor tendido eléctrico y conservación de terrenos agrícolas y de lugares escénicos. En el estudio, no se contabilizaron los costos de remediación necesarios por erosión, contaminación del agua, costos sociales, sedimentación e impacto en sistemas naturales, que seguramente aumentarían el costo significativamente.

Los principios sobre los cuales se deben estructurar los sistemas de medición y de contabilidad social deben incluir los siguientes:

Justicia generacional. Las decisiones tienen impactos intergeneracionales que prácticamente no se toman en consideración. Así, por ejemplo, la decisión de dedicar un terreno a un uso comercial no toma en cuenta el hecho de que esta decisión tendrá un impacto en la disponibilidad de espacios verdes para futuras generaciones.

Beneficio evitado y costo evitado. Son dos conceptos que deben formar parte del marco decisional, pero que, en lo que respecta a la planificación y a la toma de decisiones en el mercado, rara vez se utilizan. Por ejemplo, el proteger las cuencas hidrográficas conlleva un costo evitado importante en lo que respecta a, por ejemplo, la erosión de terrenos y la protección a los acuíferos. El costo evitado, sin embargo, se sentiría en el futuro, por lo cual el mercado lo descuenta. Sin embargo, es un costo que recaerá sobre futuras generaciones y afecta directamente el bienestar de esas generaciones.

Las nuevas condiciones para la competitividad. Incluyen la calidad de vida, las amenidades culturales y la buena calidad del medio ambiente. La razón es que en la nueva economía de los conocimientos, la producción económica, al ser desmaterializada, se hace también deslocalizada. Puede ocurrir en cualquier lugar y lo hace en aquéllos donde se encuentran las condiciones mencionadas.

En este contexto, la valoración de recursos y del ambiente debe ser una alta prioridad, no tan sólo por tratarse de bienes públicos con un valor intrínseco, sino porque crecientemente las decisiones con respecto a la ubicación de actividades económicas basadas en el conocimiento requieren que el cálculo de fortalezas de un lugar incorpore los recursos y el ambiente. El Economist Intelligence Unit le llama “liveability” (habitabilidad) a un índice que han desarrollado precisamente para medir esta dimensión.

Lo que es evidente es que las decisiones de política pública se toman en función de sistemas de contabilidad y medición que, por su propia naturaleza, subestiman el impacto negativo en los recursos y el ambiente. De ahí la urgencia de contar con una política pública sobre infraestructura verde que incorpore el desarrollo de sistemas de contabilidad social que acojan esta dimensión.

Es evidente que en Puerto Rico, por su condición de isla y por su alta densidad poblacional, estos impactos asumen mayor importancia. El tema del empleo del espacio para usos que conllevan la imposibilidad de revertirlos a su estado original, adquiere una importancia crítica.

En sistemas naturales como el nuestro, el problema se agrava por estar estos sistemas altamente integrados. En otras palabras, no basta con estimar el costo de oportunidad de utilizar un terreno para usos alternos, sino que resulta imprescindible calcular el costo de un patrón de utilización sobre un sinnúmero de otros sub-sistemas naturales. Un buen ejemplo lo provee la construcción en las cuencas, que incide sobre factores como la erosión, el abasto de agua, la contaminación de ésta y muchos otros factores.

A la vez que la condición descrita hace más urgente que se mida correctamente el costo de determinadas decisiones, es también necesario admitir que hace más difícil la tarea de medición. Por eso, hay que reconocer la necesidad de poner en marcha un proyecto ambicioso de investigación sobre el tema como parte del proceso de elaborar la política pública sobre la infraestructura verde.

Referencias:

Hanley, Nick & Spash, Clive L., Cost-Benefit Analysis and the Environment, Edward Elgar Pub. Ltd., Cheltenham, UK, 1993.

Portney, Paul R. & Weyant, John P., Discounting and Intergenerational Equity, Resources for the Future, Washington, DC, 1999.

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