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El éxito de nuestros bosques

Por: Javier Rúa-Jovet




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Foto de un bosque montanoso.

 

El ascenso poblacional en el siglo XIX así como la legislación española de concesión de títulos sobre terrenos baldíos viabilizaron la tala o desmonte masivo para cultivos, principalmente caña y café, y marcaron el inició de lo que se ha descrito como “la gran deforestación de los bosques puertorriqueños.”1 Si bien el Gobierno Español tomó algunas medidas para mitigar la tala descontrolada,2 Puerto Rico tocó fondo en lo referente a forestación en la década de 1950, con menos de 6% de cubierta. Sin embargo, antes de 1950 ya nacían algunas iniciativas que eventualmente ayudarían a cambiar esa tendencia.

Es bien sabido que el Plan Chardón consistía en propuestas para diversificar la producción agrícola para el consumo del mercado interno, desintegrar las corporaciones azucareras latifundistas, redistribuir las tierras y promover nuevas industrias, entre otras.3 Se conoce muy bien su enfoque en la industria de la aguja, pero el Plan Chardón también promovía diversas industrias mejor adaptadas a las condiciones nacionales, las cuales hoy muy bien podrían describirse como ecológicas o ‘verdes’, así como la silvicultura.4 Si bien el Plan Chardón habría de ser obstaculizado y rechazado por los sectores más reaccionarios del país, “los postulados del Plan Chardón darían resultados a largo plazo, ya que irían a nutrir el programa político del Partido Popular Democrático de las elecciones de 1940.”5

El período de gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) de 1940 a 1968 impulsó, sin duda, una impresionante industrialización y gran crecimiento económico en el país. El dramático ascenso en las condiciones materiales y nivel de vida del pueblo puertorriqueño fue realmente un milagro.16 Más inesperado aún fue el impacto forestal positivo de este cambio de paradigma: la sustitución de la actividad agrícola por la industrial, y la asistencia de varias acciones ilustradas del Estado, comenzaron a revertir la tendencia hacia la deforestación. Según Domínguez Cristóbal: “el plan de acción [del PPD] se dirigió en, lo político, hacia la redacción de una Constitución y, en lo económico, hacia la industrialización orientada a la exportación. Ante esa perspectiva la economía de la Isla se fue transformando, paso a paso, de una base agrícola a una de naturaleza industrial […]. Por esta situación vino, naturalmente la aparición de zonas boscosas en lugares que una vez fueron agrícolas.”7

Pero añade el autor: “Durante la agitada década de 1950 Puerto Rico logró avances significativos en su actividad forestal. Vale destacar la creación de las unidades forestales de Vega y Cambalache […], la ‘separación’ del Servicio Forestal de Puerto Rico de la jurisdicción del Servicio Forestal de EEUU […] y el desarrollo y promoción de diversas campañas y tareas silviculturales de la primera dama puertorriqueña doña Inés Mendoza de Muñoz Marín.”8

La mayoría de nuestros bosques son muy jóvenes, frutos del nicho dejado libre por el descenso agrícola, o han sido de reciente siembra, incluyendo gestiones institucionales de siembra masiva. Una de las últimas ha sido la gestión exitosa denominada ‘Verdor 100 x 35’ del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).9 En mi época como subsecretario del DRNA, Verdor sembraba cerca de un millón de árboles al año en lugares estratégicos (por ejemplo, cuencas hidrográficas, entre otros).10

Por estas razones, el Puerto Rico del siglo XXI es otro: nuestra cobertura forestal asciende al 40 por ciento aunque conservadoramente sólo contabilicemos los más de 1.6 millones de árboles con troncos de más de 2.5 cm (alrededor de 4 pulgadas) de diámetro. La cifra se acerca al 60 por ciento de cobertura para la Isla Grande, si también contamos los de diámetro inferior. Culebra y Vieques superan el 85 porciento de cobertura.11

El impacto positivo es inmenso: entre los múltiples beneficios y servicios del aumento en la cobertura forestal -además de los ingresos directos derivados de productos forestales- están el secuestro de carbono (nuestra cubierta actual nos provee alrededor de 36Mg de carbono secuestrado12), y su concomitante producción de oxígeno, así como la eficiente retención de agua, lo que acelera la recarga de acuíferos (aguas subterráneas, importantísimas para usos industriales e individuales). Además, las áreas forestadas ayudan a estabilizar los suelos y disminuyen la erosión, lo cual, a su vez, evita que se sedimenten nuestros cuerpos de agua superficiales. Esa captura de sedimentos limita su llegada a nuestros mares, cuya acumulación marina daña los arrecifes de coral, que, a su vez, son fuentes de beneficios económicos importantes (pesca, turismo, protección costera y otros).13

No hay duda de que la segunda mitad y final del siglo XX registró eventos de deforestación, asociados al desparrame urbano, los cuales, aun con las medidas de control de erosión y sedimentación impuestas por la JCA, habrían causado que flujos de sedimentos llegaran a cuerpos de agua fresca y salada, impactando negativamente los recursos allí sitos. No obstante, tales incidentes, muchos de los cuales conllevaban por ley y reglamento mitigaciones obligatorias en aquel momento,14 no lograron revertir la tendencia general de recuperación de cubierta forestal además de que, de todos modos, dichos eventos habrían disminuido sustancialmente durante el período de depresión en la industria de construcción, registrado durante las primeras décadas del siglo XXI.15

En fin, si bien debemos manteneros siempre vigilantes, podemos afirmar que nuestros bosques continúan recuperándose exitosamente.


1 Carlos M. Domínguez Cristóbal, Panorama histórico forestal de Puerto Rico, pág. 7, Editorial UPR (2000). La legislación referida es la Real Cédula de 28 de diciembre de 1818, creando la Junta Superior para el Repartimiento de Terrenos Baldíos.
2 Mediante la Ordenanza de Montes de 21 de abril de 1876, el Rey Alfonso XII estableció el Cuerpo de Inspectores de Montes, oficiales del orden público con poderes policíacos y para multar, cuyo objetivo era “evitar que se destruyan impunemente casi todos los árboles de la isla sin dedicar el terreno a la agricultura.” (Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., pág. 277). El objetivo fundamental de la Inspección de Montes era económico: lograr mayores ingresos para el fisco. Era recuperar, mediante procesos de deslindes, terrenos baldíos usurpados al Estado para su posterior venta pública y conservar maderas para los servicios del Estado y para venta, pero sin duda esta intervención del Estado introdujo un nivel de racionalidad y rigor científico anteriormente inexistente en el manejo de estos recursos naturales. Vale también mencionar la extensión a Puerto Rico de la Ley de Aguas de España de 1879 mediante Real Decreto de 1886. La misma declaró del dominio público a los ríos y sus cauces, “hasta sus máximas crecidas ordinarias”, norma que aún permanece vigente y la cual está asociada a fines ambientales: detener el corte de árboles en los nacimientos de los cuerpos de agua. (Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., pág. 352). Interesantemente esta ley tenía otro fin ‘ambiental’, conforme al parecer científico de la época: la desecación y aprovechamiento de lagunas y terrenos pantanosos, los cuales se consideraban insalubres. Hoy como, veremos, denominamos a estas áreas ‘humedales’ y se consideran recursos naturales de importantísimo valor.
3 El Plan Chardón fue ideado y formulado por los puertorriqueños Carlos E. Chardón (Rector de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Rafael Fernández García (Facultad de Artes y Ciencias de la UPR) y Rafael Menéndez Matos (Comisionado de Agricultura y Comercio). Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., a la pág. 483.
4 Ver, generalmente, Josefa Santiago Caraballo, Reforma Agraria de 1941, <http://enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06102002> (visitado en 4/19/2017).
5 Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., pág. 482.
6 Ver, por ejemplo, Puerto Rico, Industrial and Commercial: The Logical Overseas Markets in the Western Hemisphere (New York Service 1947); Gilberto Cabrera, Historia Económica del Comercio y la Industria en Puerto Rico 101-03 (1980).

7 Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., a la pág. 505.
8 Id., a la pág. 10.
9 Aunque la creación del entonces DRNA en 1972 se atribuye al saliente gobierno de Luis A. Ferré, fue el Gobernador Hernández Colón quien nombró al Dr. Cruz A. Matos, anterior presidente de otra importantísima agencia estatal recién creada, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), como primer Secretario de Recursos Naturales. Cabe notar, además el innegable expertise aportado por el Ing. Miguel Hernández Agosto [QEPD] que eventualmente se convertiría en el 9no presidente del Senado de Puerto Rico (1980-1992) durante la creación de la incipiente agencia. El Senador Hernández Agosto ya había sido director de la Sección de Bosques, Pesca y Fauna Silvestre del Departamento de Agricultura, (1953 a 1955), Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, (1960 a 1965) y Secretario de Agricultura, (1965 a 1968).
10 Verdor desapareció durante la administración del Gobernador Luis Fortuño Burset, conjuntamente con capacitadísimo personal de carrera del DRNA del área forestal como el Sr. Edgardo González, un respetado e internacionalmente reconocido dasónomo, quien por décadas fungiere como director del Negociado del Servicio Forestal del DRNA.
11 Ver, Thomas J. Brandeis, Eileen H. Helmer, y Sonja N. Oswalt, El Estado de los Bosques de Puerto Rico, 2003, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal Estación de Investigación del Sur, Boletín de Recursos SRS–119.
12 El concepto de secuestro de carbono se utiliza dentro del discurso en contra del cambio climático antropogénico: el dióxido de carbono que expiramos y el que se expide por diversos procesos de combustión (producción energía, industriales, transporte) debe secuestrarse, capturarse, pues como gas de invernadero, su acumulación en cada vez mayores concentraciones en los altos niveles de la atmósfera tiene la consecuencia de que la luz solar que entra en el planeta no puede reflejarse de vuelta al espacio exterior de manera eficiente, lo cual a su vez captura su calor y calienta el planeta: el llamado calentamiento global y sus efectos ecológicos.
13 Thomas J. Brandeis, Eileen H. Helmer, y Sonja N. Oswalt, El Estado de los Bosques de Puerto Rico, 2003, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal Estación de Investigación del Sur, Boletín de Recursos SRS–119.
14 Tal era el caso de los requisitos de sembrar al menos 2 árboles por cada 1 cortado vigentes bajo La Ley de Bosques y el entonces llamado “Reglamento 25” de Corte y Reforestación, según aplicados por el DRNA. No obstante, las funciones del DRNA se han ido limitando a través de las diversas “reformas de permisos”. La primera de estas fue la Ley Núm. 161 de 2009, “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, según enmendada recientemente por la Ley 19 de 4 de abril de 2017, la cual transfiere estas funciones a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
15 Para revisar los datos más actualizados sobre el estado del medioambiente y los recursos naturales del país ver el más reciente Informe Ambiental Anual de la JCA (2015), en

<http://www2. pr.gov/agencias/jca/Documents/Publicaciones%20de%20Interés/Informes%20Ambientales/Informe%20Ambiental%202015/Informe%20Ambiental%202015.pdf> (visitado en 4/19/2017).




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